lunes, 29 de septiembre de 2008

PARTIDOS POLITICOS Y DEMOCRACIA

Toda reforma debe estar dirigida al fortalecimiento y consolidacion del sistema de partidos.
UNA DEMOCRACIA NO PUEDE VIVIR SIN PARTIDOS POLITICOS PERO PUEDE MORIR POR SU MAL FUNCIONAMIENTO, UNA DEMOCRACIA NO PUEDE VIVIR SIN PARTIDOS ORGANIZADOS, PERO PUEDE MORIR POR LA ACCION DE LOS PARTIDOS.
Un partido politico puede constituirse en el marco dentro del cual se articulen los intereses de los diversos grupos sociales.
La organizacion interna debe facilitar la discusion y conciliacion de los diversos sectores y subordinarse al objetivo general.
La sociedad argentina busca actualmente mayor representatividad y transparencia, aunque sus demandas no pretenden la destruccion del sistema.
La crisis de representatividad se convierte en la causa y la consecuencia del debilitamiento del andamiaje partidario.
LA DEMOCRACIA COMO SITEMA MUCHAS VECES VITUPERADO, ES SIN EMBARGO EL UNICO REGIMEN POLITICO QUE POSIBILITA LA DESIGNACION DE LOS GOBERNANTES POR EL LIBRE Y COMPETITIVO PRONUNCIAMIENTO POPULAR
EN LA DEMOCRACIA UNA ELECCION PONE EN JUEGO EL REPARTO DE PODER Y LE DA AL CIUDADANO LA FACULTAD DE DECIDIR QUIEN LO GOBERNARA.

viernes, 19 de septiembre de 2008

Lucha contra la despenalizacion de las drogas

PROYECTO CONTRA LA DESPENALIZACIÓN
DE LA TENENCIA DE DROGAS ILÍCITAS

Si hubiera que destacar, por su penosa incidencia en la sociedad un fenómeno delictivo, este sería casi sin dudas el del narcotráfico.
El tráfico de drogas trae aparejadas secuelas de violencia, degradación del ser humano y -más grave aún- tributo de vidas humanas.
No caben dudas tampoco de que el actual nivel que tienen tanto el tráfico como el consumo de drogas es uno de los problemas que más sensibiliza a la sociedad sobre todo por las cifras cada vez más crecientes de traficantes y consumidores de sustancias ilegales.
Tenemos así a las drogas como un problema social, ya que afecta a la sociedad en general de diversas maneras y no solo a quienes se ven inmersos en ellas.
Son cada vez más los grupos sociales afectados por múltiples razones:
Por un lado por la enorme masa de beneficios económicos ilegales que genera entra a circuitos económicos lícitos para ser blanqueada llegando a tener incidencia en los centros de decisión económica.
Por otro lado origina al Estado una considerable inversión de dinero para la prevención social del fenómeno.
En tercer lugar genera ingentes gastos en el sistema público y privado de salud.
Como cuarto punto podemos hacer hincapié en que es un fenómeno a nivel familiar y el gran poder de captación que tiene en los jóvenes esta
También podemos agregar el estado de inseguridad que crea en la ciudadanía.
No tiene menos importancia señalar que su prevención es difícil y costosa porque los factores que conducen a al consumo y la adicción son múltiples y es muy complicado incidir sobre todos ellos.
Como verá todos estos elementos, más algún otro que me quedará en el tintero son los que –de una manera decisiva van a afectar a la sociedad en forma múltiple, tanto a nivel individual como familiar y de convivencia social y en última instancia al mismo Estado en su organización interna ya que lo afecta en lo económico, en lo referente a la salud pública y en lo legal.
El Gobierno Nacional elabora en estos días un proyecto de ley que rechaza castigar al consumidor y distingue entre drogas blandas y duras y -según fuentes oficiales a través de los medios de comunicación- se enviará el proyecto al Congreso Nacional antes de fin de año.
El uso de las drogas prohibidas en la sociedad y su vinculación con el delito dependen en gran medida del marco legal establecido y de la actitud de la sociedad frente a la droga misma.
Es una cuestión cuyos elementos intervinientes guardan entre sí una estrecha relación y es por eso que TODA SOCIEDAD QUE LUCHE CONTRA LA DROGA DEBE HACERLO CONTRA LA PRODUCCIÓN, CONTRA EL TRÁFICO Y CONTRA EL CONSUMO.
El consumo indebido de drogas legales e ilegales es una cuestión que está vinculada directamente con la salud de los bonaerenses, especialmente los más jóvenes -incluyendo a los adolescentes y niños- por lo que es de vital importancia que esta Honorable Cámara fije su posición al respecto.
Hay quienes quieren desestimar la incidencia del consumo de drogas en la estadística delictiva tanto de adictos –porque aducen que son solo el tres por ciento de los consumidores-
e incluso desestiman la incidencia de los consumidores ocasionales en los delitos, basándose solo en encuestas y no en estadísticas oficiales.
Países emblemáticos en la liberalización y despenalización del consumo como Holanda, están reviendo sus políticas y legislación al respecto habida cuenta del fracaso que han representado éstas luego de más de treinta años de liberalizar la tenencia.
Sin soslayar que a nivel popular siempre se considera como un importante causal de conductas delictivas al consumo de cocaína y actualmente al de paco, la incidencia del consumo en el delito es real y no podemos subestimarla.
Las consecuencias que genera el consumo de las drogas en adictos, inclusive en consumidores “sociales” son conocidas por todos.
Esta problemática afecta también a terceras personas que son víctimas frecuentes de delitos y accidentes de todo tipo causados por individuos que actúan bajo sus efectos.
En primer lugar, porque un toxicómano carece de relaciones significativas con el medio social y porque la droga tiene un poder aislante y destructivo de la personalidad y -con gran rapidez- se debe acudir a dosis cada vez mayores lo que conlleva, ante la carencia de dinero o el alto precio de esta, a que se acuda a la delincuencia para obtener el dinero para comprarla.
Dentro de la delincuencia provocada por el consumo de drogas ilícitas existen dos tipos diferenciados.
En primer lugar, la delincuencia que va encaminada a conseguir los medios necesarios para poder adquirir la droga, es la llamada criminalidad funcional, son delitos contra la propiedad y a veces van acompañados de ataques a la integridad física de las personas.
En segundo lugar, existe una delincuencia que tiene su origen en el llamado “síndrome de abstinencia”, ya que la dependencia física que genera la droga altera el comportamiento del sujeto hasta el punto de llevar al delito para adquirir la droga.
Hay que especificar también que, aunque la dependencia física de una droga no es siempre un requisito previo de la actividad delictiva, suele suceder que el individuo que intenta mantener el hábito de tomar alguna droga a menudo se encuentra con fondos limitados y acude por ello al delito.
Aunque la motivación para cometer el delito puede no estar conectada con la adquisición de drogas, muchos delitos se cometen por personas bajo la influencia de ellas.
El Estado debe sostener una política de lucha frontal contra el consumo y el tráfico de drogas ilegales sin abandonar ningún escenario de los múltiples que se plantean cuando se aborda la cuestión.
Es importante señalar que no debe entenderse que la Ley actual castiga la adicción ya que, de ser así, estaríamos en confrontación con la Constitución.
En la actualidad, ningún adicto o consumidor va preso, y no se pretende enjuiciar a nadie por ser consumidor, lo que sucede es que el Estado ha fallado en la organización de una estructura que debe poner al servicio de estas personas, para lograr su cura o re socialización.
La legislación nacional actual, específicamente la Ley 23.737, menciona el derecho constitucional de las personas a disponer de su intimidad, pero también antepone el deber estatal de proteger la salud pública.
Es por eso que el límite de la intromisión de la autoridad en la vida privada se confronta con la necesidad de combatir el narcotráfico y, si bien la ley no puede invadir la esfera de la privacidad de las personas tal cual lo indican el Art. 19 de la Constitución Nacional y el Art. 26 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, cuando se trasciende el ámbito de ésta o se afecte a la salud o a la seguridad pública, esas acciones no deben quedar impunes.
La Ley 23.737 castiga al consumidor, porque es un elemento sin el cual la cadena del narcotráfico no existiría.
Eliminando la responsabilidad penal del consumidor por la tenencia de una sustancia ilegal, liberaríamos a los clientes de los narcotraficantes de las consecuencias de ser parte de la cadena del narcotráfico que tantas muertes y consecuencias directas o indirectas genera entre nuestra población en estos días.
El eslabón más débil si se quiere, pero un eslabón al fin, quiérase o no
Por todo esto considero que se hace necesario pensar y construir una sociedad con valores que nos contenga a todos, y no una sociedad falsamente garantista que se abrigue de una mayoría circunstancial y que así imponga su particular visión del mundo.
Desde una perspectiva de políticas de estado todos los frentes de la lucha contra el tráfico de drogas ilegales son importantes ya que estas actividades delictivas representan una amenaza a la salud y el bienestar de las personas además de menoscabar las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad, socavando las economías lícitas y amenazando la estabilidad de las instituciones.
La problemática del narcotráfico, que es similar en todo el mundo, ha provocado una toma de conciencia en la sociedad, que en los últimos años ha dado un decidido apoyo a la actuación de las instituciones y a su propio protagonismo pero; sin embargo, es el pequeño tráfico que realizan los propios consumidores el que más directamente percibe el ciudadano y quien más directamente lo sufre en términos de su seguridad patrimonial y de su propia vida y la de su entorno.
Y en este terreno poco o nada es lo que se ha avanzado, continúa siendo un problema sin solución que la liberalización del consumo mediante la despenalización de la tenencia de drogas ilícitas que se pretende imponer viene a agravar.
Es por eso que solicito a este Honorable Cuerpo que haga pública su posición de no apoyar ninguna iniciativa que pretenda liberalizar el consumo de drogas, como así tampoco ningún Proyecto que tienda a despenalizar la tenencia de drogas ilegales.
También requiero que solicite formalmente a los Señores Diputados y Senadores de la Nación elegidos por el Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que no avalen Proyectos que tiendan a despenalizar la tenencia de drogas ilegales y a los Honorables Concejos Deliberantes de la totalidad de los municipios de la Provincia de Buenos Aires que apoyen esta Declaración.
Por último también insto al Poder Ejecutivo bonaerense para que intervenga aún más activamente con políticas de estado destinadas a favorecer el tratamiento de adictos y la contención de su grupo familiar.


















además de la liberalización de la droga por la despenalización de la tenencia,

la falta de controles aéreos por la situación incierta de los radares y los ineficaces controles fronterizos

Así tendremos la ecuación perfecta para que Argentina sea rápidamente la meca del narcotráfico y el lavado de dinero.